[Español]
La paradoja de la industria de los partidos políticos
Por Leticia Ramírez de Alba
¿Se imagina usted una industria en la que las empresas establecidas incrementen sus ganancias cuando aumenta la competencia? La teoría económica dice que lo mejor que le puede pasar a una empresa es tener poder monopólico, porque así obtiene mayores beneficios. A medida que se incorporan nuevos competidores, los beneficios de las empresas que ya estaban en el mercado se reducen. Pero, contrario a lo que sucede en cualquier industria, en el caso de los partidos políticos nacionales de México las ganancias aumentan cuando nuevos competidores ingresan al “mercado”.¿Por qué se presenta esta situación paradójica? La respuesta radica en el hecho de que el financiamiento que reciben los partidos aumenta cuando se incrementa el número de partidos políticos con representación en el Congreso. La bolsa de financiamiento que reciben todos los partidos políticos nacionales – que después es repartida entre los mismos – depende de factores tales como el número de partidos políticos, el número de diputados y senadores a elegir, la duración de las campañas de Diputado y de Presidente y del costo mínimo de campaña. Este último se refiere a una especie de índice que toma en cuenta los precios de la canasta básica de bienes y servicios que se utilizan para organizar una campaña electoral.
De acuerdo con la fórmula que actualmente establece la Ley electoral, la bolsa de financiamiento a partidos aumenta cada vez que se incorpora al Congreso un nuevo partido. Lo anterior puede o no justificarse. La idea de fondo es que el financiamiento de los partidos existentes no se afecte negativamente con la entrada de nuevos partidos. Sin embargo, lo que se observa en la realidad es que el financiamiento de los partidos políticos ya existentes no solamente no disminuye con la entrada de nuevos partidos, sino que aumenta.
Por ejemplo, en 2007 la bolsa global de financiamiento público ascendió a 2,669.5 millones de pesos. Si no se hubieran incorporado dos partidos más al Congreso (el PASC y el PANAL), el financiamiento global hubiera sido de 2,069.4 millones de pesos. En otras palabras, el financiamiento aumentó en 600.1 millones de pesos debido a la existencia de dos nuevos partidos. Lo interesante aquí es que los dos nuevos partidos, en conjunto, recibirán 327.1 millones de pesos. Lo anterior significa que “sobrarían” 273 millones de pesos que se repartirán entre los partidos que ya tenían representación en el Congreso antes de 2007, y la mayor parte – alrededor de dos terceras partes – le corresponderá los tres partidos más importantes.
Lo mismo sucedió en el año 2001, después de la elección federal de 2000, cuando ingresaron al Congreso tres partidos: Convergencia por la Democracia, Partido de la Sociedad Nacionalista, y Partido Alianza Social. En 2001, la bolsa global de financiamiento público ascendió a 2,206.6 millones de pesos. En caso de que no se hubieran incorporado al Congreso los partidos antes mencionados, el financiamiento hubiera ascendido a 1,459.7 millones de pesos. Lo anterior significa que la entrada de los tres partidos se tradujo en un aumento en el financiamiento de 746.8 millones de pesos, de los cuales 310 fueron asignados a los nuevos partidos y el resto, 436.8 millones, se distribuyó entre los cinco partidos ya existentes.
Este fenómeno se explica básicamente por dos elementos. En primer lugar, los partidos políticos de reciente creación tienen poca representación en el Congreso. Desde la reforma de la ley electoral de 1996 se ha observado que el porcentaje de votos recibidos por las principales fuerzas políticas: el PAN, el PRI y el PRD, en las elecciones de Diputados Federales, en conjunto, es superior al 75 por ciento (ver gráfica 1).
En segundo lugar, la regla de distribución de la bolsa de financiamiento público a partidos, establecida en la ley electoral, señala que el 70 por ciento de las prerrogativas que cada partido político nacional recibe está en función del número de votos que haya recibido en la elección de Diputados inmediata anterior, y que solamente el 30 por ciento restante se repartirá en forma igualitaria. Por tanto, la proporción del financiamiento que les corresponde a los partidos de reciente creación es relativamente baja. La mayor parte del financiamiento se distribuye entre los tres partidos políticos con mayor representación: el PAN, el PRI y el PRD.
Tomando en cuenta estos dos elementos tenemos que, desde 1997, los tres partidos políticos grandes han recibido, en conjunto, más de la mitad de la bolsa global de financiamiento (ver gráfica 2).
La concentración de la votación en tres partidos, y las reglas de distribución del financiamiento entre los partidos explican por qué el financiamiento de los partidos crece con el número de partidos políticos. Si solamente existiera uno de estos elementos, el efecto se diluiría.
Veamos lo que sucedería con el financiamiento que recibiría cada partido en caso de que aumentara el número de partidos y la fuerza de todos los partidos, medida en número de votos recibidos, fuera igual. En otras palabras, supongamos que todos los partidos (los ya existentes y los nuevos) recibieran el mismo número de votos. Como se observa en la gráfica 5, el monto que recibiría cada partido político se reduce a medida que el número de partidos políticos aumenta. Con esto se comprueba que si existiera igualdad entre las fuerzas políticas, con el marco legal actual, existiría también igualdad financiera entre los partidos.
El mismo comportamiento observado en el Cuadro 5 se presentaría si se eliminara de la Ley electoral la regla de distribución del setenta-treinta (70 por ciento que depende del al número de votos recibidos y 30 por ciento equitativo) y se repartiera de manera igualitaria sin importar la votación recibida.
Con lo anterior se observa que, dadas las condiciones políticas del país, la ley electoral introduce un incentivo perverso. Bajo el esquema actual, a los partidos políticos ya existentes, principalmente a los grandes, les favorece la entrada de nuevos partidos políticos con menor representación para que el financiamiento que reciben aumente. Lo anterior es muy importante si se liga al hecho de que durante los años electorales el financiamiento público a partidos se duplica, y de que, por Ley, el financiamiento público que reciben los partidos debe prevalecer sobre el privado. En este sentido, al recibir más recursos públicos, el partido también estaría en posición de recibir más financiamiento privado.
Dado que el incremento en el financiamiento que reciben los partidos políticos ya existentes cuando ingresan nuevos partidos al Congreso no se explica por el aumento registrado por la bolsa global de financiamiento, sino que está en función de la fuerza política de los partidos, así como de la regla de distribución setenta-treinta establecida en el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que es necesario revisar la ley electoral para promover la equidad en la contienda.
[English]
The paradox of the political parties “industry” in Mexico
By Leticia Ramírez de Alba
Can you imagine an industry where incumbents’ profits grow when new firms enter the market? According to economic theory, the higher the market power of a firm, the higher the profits. When new firms enter the market, the benefits of the incumbents decrease. However, in the case of the Mexican national political parties, the “profits” grow when new parties enter the “market”.
What is the origin of this paradoxical situation? The answer lies in the fact that the public financing for national political parties grows with the number of political parties in Congress. The global public fund that political parties receive – which is distributed afterwards among all of them – depends on the number of political parties, the number of deputies, the number of senators, the duration of campaigns of representatives and the President, and the minimum cost of campaign (MCC). The MCC is an index calculated from an array of prices and quantities of goods and services purchased to organize an electoral campaign.
According to the Mexican Electoral Law, the public financing for political parties grows when a new party gets into the Congress. The idea behind this disposition is to minimize the negative effects on the incumbents when new political parties comprise Congress. However, what happens in practice is that the public financing received by the incumbents increases when a new political party gets into the Congress.
In 2007, the eight Mexican political parties comprising Congress received about US$247.3 million in public funds. After the 2006 Mexican Federal Elections, there were two new political parties in Congress. If these parties were not incorporated to the Congress, the public financing for political parties would be about US$188.1 million. In other words, the public financing grew about US$54.6 million just because there are two more political parties in Congress. What is remarkable here is that the new political parties will receive about US$ 24.8 million. This means that there is about US$ 29.7 million remaining for the other six political parties.
The same phenomenon happened in 2001, after the 2000 Mexican Federal Elections, when three new political parties got into the Congress. In that year, the public financing for political parties was about US$ 200.6 million. If these three parties were not incorporated to the Congress, the public financing for political parties would be about US$132.7 million. This means that the entry of three new political parties increased the public financing by about US$ 67.9 million. Of this amount, about US$ 28.2 million went to the new political parties, and about US$ 39.7 million went to the incumbents.
Two factors explain these facts. First, new political parties have little representation in Congress. The data shows that since the 1996 reforms to the electoral law, the percentage of votes received by the three principal political parties; PAN, PRI and PRD, in the elections for federal deputies is higher than 75 per cent (see figures 1 and 2).
Second, according to the Mexican Electoral Law, 70 per cent of public financing received by each political party depends on the number of votes that it received in the last elections for federal deputies. The remaining 30 per cent is distributed equally among all political parties. Thus, just a small part of public financing goes to the new political parties.
Given these two factors, we see that since 1997, the three political parties receiving most of the vote; PRI, PAN and PRD, got more than 60 per cent of the public financing (see Figures 3 and 4).
Both voting concentration and financing distribution rules explain why PAN, PRI and PRD receive more financing when the number of political parties grows. If there was only one of these two elements, the effect would be diluted. In Figure 5 it is shown what would happen if the number votes received by the political parties were similar, and the number of political parties were to grow. As we can see, if the strength of the political parties – in terms of number of votes received – were similar, the resources received by each political party diminish as the number of political parties grows. The same would happen if we eliminate the 70 – 30 distribution rule. In other words, if we remove the financing rule based on the number of votes received, then the resources received by incumbents diminish when new political parties enter.
In summary, Mexican Electoral Law introduces a perverse incentive. The incumbents benefit from the entrance of new political parties. This incentive is enforced with the following two Mexican Electoral Law dispositions:
1) In electoral years the public financing to political parties is duplicated. Each year, political parties receive public resources for their ordinary expenses, and in electoral years they also receive public resources for their campaign. The amount of resources received for the campaign is equivalent to the amount of resources received for the ordinary expenses.
2) The public financing must prevail over the private financing.
Given that the increase in public financing received by incumbents when new political parties comprise the Congress is not explained by the increase in the global public fund received by them, but by the votes received by each political parties, and the 70 – 30 distribution law, we conclude that is necessary to modify the Mexican Electoral Law in order to promote equity among political parties.
